lunes, 29 de mayo de 2017

SEGUIMOS DENUNCIANDO


 EL TABERNERO Y EL BORRACHO

Cualquier aficionado a la gestión se llevaría las manos a la cabeza si le dijeran que el absentismo en su empresa duplica a la de su sector.  Pero el empresario LBK , que se supone que es un profesional, ve las cosas desde distinta óptica. Ya se sabe que una cosa piensa el tabernero y otra el borracho. Cuestión de perspectiva. Los gestores al uso ven el absentismo como una pérdida de productividad. Los gestores de LBK consideran a los trabajadores enfermos como costes que le “pasan” al Estado para que éste les pague. El gestor tradicional valora el coste de oportunidad del trabajador ausente (lo que deja de producir). El gestor LBK valora lo que deja de pagarle. Esta es la cuestión. Sólo que el asunto no resulta tan sencillo. Y es que en todo este despropósito existe una cuestión angular: el sufrimiento de las personas. Recientemente un compañero de baja por depresión nos comentaba que recibía correos encargándole cosas a las 2 de la mañana. Ante nuestra cara de estupefacción (y de incredulidad) sacó su móvil y pudimos comprobarlo.

Si ya es bastante tremendo que te persigan organizativamente hasta que no tienes otra salida que el dispensario, el colmo es ya que te sigan presionando cuando estás de baja. Nuestro compañero nos contaba que la misma cara había puesto su psiquiatra de la sanidad pública, hasta que se lo mostró. Esa es la imagen que nuestros grandes gestores (sobre todo de personas) van dando por las instituciuones y el trato a quienes después nos encargan que pongamos buena cara vendiendo productos que nadie necesita.
  
Y lo que hemos hecho en CSICA es denunciar el asunto ante la Inspección de Trabajo de Asturias, alertando a la autoridad laboral que gracias a una inadecuada interpretación de la normativa sancionadora, a este empresario le está resultando casi gratis incumplir la normativa de riesgos psicosociales. Y para ilustrar lo que denunciábamos le hemos adjuntado este Cuadro donde puede comprobarse que gracias a la presión que ejercen, el Estado les paga 130 salarios todos los años. 



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